El problema agrario en Colombia
La pobreza de Juan Valdez

En su discurso de posesión Juan Manuel Santos reconoció que uno de los problemas económicos y sociales más graves del país es la propiedad y uso de la tierra. Prometió medidas y leyes que supuestamente solucionarán el problema agrario. De manera demagógica anunció que haría de cada campesino colombiano “un próspero Juan Valdez”. Las dificultades que ha tenido en el proceso de elaboración del proyecto de la Ley de Tierras y las contradicciones con la Ley de Víctimas, son una prueba de la gravedad del problema. El objetivo de Santos es legalizar el despojo y sanear los títulos de propiedad para garantizar, tanto a la gran burguesía nacional, como a las transnacionales mineras, energéticas y promotoras del negocio de agrocombustibles, la llamada “estabilidad jurídica” de sus inversiones. Es una tarea en la que va a chocar inevitablemente con los poderes regionales, los narcotraficantes, los paramilitares e, incluso, los que “honestamente” compraron tierras aprovechándose del terror sembrado por los señores de la guerra. Esta realidad amerita que el movimiento obrero construya su propia propuesta programática para enfrentar el problema. Contribuir a esa tarea es el objetivo de esta Separata de El Socialista.
La contrarrevolución agraria
Como es común en los países semicoloniales, en Colombia no se ha realizado una reforma agraria que le distribuya la tierra a los campesinos. Por el contrario, lo que se ha producido es el despojo permanente por parte de los terratenientes y las transnacionales, desterrando al campesinado a la frontera agrícola, obligándolo a colonizar nuevos territorios que amplían esa frontera, para luego volver a despojarlo, en un círculo vicioso que no termina, o para desplazarlo a las ciudades a vivir en la  miseria. Pero además, la disputa por la tierra se ha desarrollado con métodos de guerra civil, y esa es una de las causas de la existencia de la guerrilla como expresión de la lucha del campesinado, y de las organizaciones paramilitares como instrumento para el despojo. Lo que se ha realizado es una contrarrevolución para expropiarle la tierra al campesinado pobre.

A partir de 1985 se desarrolló una nueva ofensiva contra el movimiento obrero, campesino e indígena, y contra las organizaciones políticas de izquierda, que ha producido decenas de miles de asesinatos de dirigentes y activistas, masacres, desapariciones. Dos décadas más tarde, entre 2007 y 2009, hubo 38.255 desaparecidos según la Fiscalía, masivas operaciones de desalojo y millones de desplazados (ver cuadro estadístico).El investigador Alejandro Reyes, ahora asesor del gobierno de Santos, señala cómo desde el poder del Estado se organizó la ofensiva paramilitar contra el campesinado:

“La organización de autodefensas civiles que apoyarían a las Fuerzas Armadas en su lucha antisubversiva fue ideada por la cúpula militar a finales del gobierno de Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982) para contrarrestar la amenaza de parálisis que veía venir con la política de paz del presidente Belisario Betancur 1982-1986…

(…) Los grupos paramilitares evolucionaron desde movimientos de autodefensa de propietarios locales hasta convertirse en empresas armadas de conquista territorial, interesadas en dominar territorios y poblaciones locales, depredar los presupuestos y usufructuar los negocios de narcotráfico, el contrabando y la apropiación forzada de la tierra. El terror contra la población provocó un desplazamiento no menor a cuatro millones de personas en el último cuarto de siglo y transfirió una gran parte de las tierras abandonadas a una nueva capa de propietarios, algunos muy poderosos, asociados con las estructuras armadas”. (Alejandro Reyes, Guerreros y campesinos, Editorial Norma, 2009).

Así se configuró una dura derrota que Uribe terminó de consolidar con su sanguinario régimen de la Seguridad Democrática. Con el gobierno de Uribe —que no fue más que el asenso al poder del Estado de la facción burguesa ligada a los terratenientes, ganaderos y narcotraficantes—, la contrarreforma agraria dio un salto y se consolidó. Sólo en los 8 años del gobierno de Uribe fueron expropiadas 6 millones de hectáreas a manos de palmicultores y latifundistas utilizando para ello al paramilitarismo, y fueron desplazados 2.400.000 campesinos, esto es un promedio de 822 por día (Ver tabla).  

El gobierno de Uribe —presionado por una franja del imperialismo norteamericano y por el imperialismo europeo que hipócritamente aparecen como humanitarios, como mecanismo de chantaje para firmar acuerdos de comercio—, intentó mostrar que estaba tomando medidas a favor del campesinado despojado y desplazado, aprobó reparaciones por vía administrativa con presupuesto de los contribuyentes, colocando todos los obstáculos posibles y con montos que iban entre 12 a 18 millones de pesos pagos en pírricas cuotas durante 10 años, al tiempo que regalaba miles de millones de pesos a sus amigos terratenientes y empresarios con el programa de Agro Ingreso Seguro. Sobre éste último caso, mencionemos un ejemplo escandaloso: 10 palmicultores y refinadores de aceite de palma que contribuyeron con $29,5 millones en el 2002 para su campaña electoral, y $27 millones para promover su referendo reeleccionista, recibieron 8 mil millones en subsidios no reembolsables y 279 millones en créditos blandos. A esto se sumó las exenciones tributarias para las empresas mineras que sólo en su segundo mandato sumaron 8 billones de pesos, que corresponden al 36% del déficit fiscal.

En la lucha por la tierra, han sido la burguesía terrateniente nacional y las transnacionales las que se han beneficiado de una concentración cada vez mayor de las tierras más productivas, produciéndose el mayor grado de desigualdad de la propiedad de la tierra en el continente. El 4% de los propietarios (los terratenientes) tienen el 62.6% de la tierra, mientras que el 86.3% del campesinado sólo posee el 8.8%.
La política de Juan Manuel Santos
Ante la profunda crisis social y humanitaria campesina que dejó Uribe, Santos promete devolver 2 millones de hectáreas de tierra a los campesinos expropiados por los grupos paramilitares y los narcotraficantes. Sin embargo, ya está advirtiendo que hay muchos obstáculos jurídicos y poco presupuesto para comprar tierras. Es decir, el plan de Santos incluye comprar tierra con presupuesto nacional —el dinero de nuestros impuestos—, en lugar de reparar con la tierra que expropiaron los terratenientes, paramilitares, ganaderos y empresarios.

El gobierno de Uribe incautó 900 mil hectáreas a los narcotraficantes pero les devolvió más de la mitad (485 mil hectáreas) debido a maniobras jurídicas y sólo se entregaron a los campesinos 17 mil hectáreas. La política agraria de Uribe, si bien estaba trazada para favorecer a su facción, era en el marco de la política del Banco Mundial para el sector agrario en América Latina: la “reforma agraria asistida por el mercado” y la protección de los derechos de propiedad. Es decir, una política que le garantice a las transnacionales apoderarse de la tierra para explotar los recursos mineros y las plantaciones destinadas para agrocombustibles. La política agraria de Santos, en ese sentido, es continuación de la de Uribe. 

Si examinamos con rigurosidad la historia del problema agrario en Colombia, las condiciones actuales de la economía agrícola, la situación del campesinado y el verdadero objetivo de las medidas del gobierno de Santos, podremos concluir que los únicos que van a prosperar serán los grandes terratenientes, sus negocios agroindustriales y las transnacionales mineras y productoras de materias primas agrícolas. "Juan Valdez", mientras tanto, seguirá condenado a la pobreza o a poner su mula al servicio del narcotráfico. Resolver el problema de la tierra es una de las condiciones fundamentales  para superar el conflicto armado que desangra al pueblo colombiano desde hace medio siglo.
Revolución, expropiación y democracia obrera
En los países semicoloniales ningún gobierno burgués garantiza una reforma agraria democrática. Gobiernos supuestamente progresivos como los de Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa o Lula Da Silva no la garantizaron. En Colombia menos lo va a garantizar la burguesía reaccionaria y conservadora. Con discurso promete reformas mientras en la práctica aplica contrarreformas a sangre y fuego para monopolizar la propiedad en unos pocos miles de terratenientes y empresarios, aumentando la desigualdad.

En estos países una reforma agraria democrática sólo será posible mediante una revolución que expropie a los terratenientes y distribuya la tierra al campesinado. En Colombia el problema de la tierra se suma a la lucha por libertades democráticas contra el régimen político autoritario que ha promovido una guerra sucia por décadas, y a la lucha por la segunda independencia para librarnos del sometimiento y el saqueo del imperialismo. 

La reforma agraria, la conquista de libertades democráticas y la independencia del imperialismo, son tres tareas que sólo se pueden lograr mediante una revolución y un gobierno obrero en alianza con el campesinado, que pase a tomar medidas como la expropiación y colectivización de los medios de producción, entre ellos la tierra. Sin la expropiación de los capitalistas y la colectivización de los grandes medios de producción con control obrero y la expulsión del imperialismo y sus transnacionales —implantando un régimen de democracia obrera—, todo proceso revolucionario retrocederá  y no se resolverán problemas como el de la tierra.

En la atrasada Rusia de 1917 la revolución se consolidó porque el Partido Bolchevique, dirigido por Lenin y Trotsky, expropió a los terratenientes y a la burguesía y colectivizó los medios de producción, lo mismo sucedió en 1945 con la revolución yugoeslava, en 1949 con la revolución china y en 1959 con la revolución cubana. En cambio en la revolución nicaragüense de 1979 no se expropió ni se colectivizaron los medios de producción, por el contrario, la dirección sandinista reconstruyó el Estado burgués y hoy el campesinado sigue sin tierra y su población es la más pobre del continente, después de la haitiana.
La ausencia de organizaciones de masas
Después de un siglo de luchas por la tierra, por libertades democráticas e independencia nacional, no se ha logrado ninguna de estas reivindicaciones, no sólo por el carácter autoritario del régimen político, y sus métodos de guerra civil, también por la ausencia de una dirección revolucionaria que oriente a las masas al derrocamiento del gobierno y el régimen político. 

Las organizaciones reformistas que tienen como programa la defensa de la burguesía nacional, y cuyo método privilegiado es el parlamentarismo como el Moir, pasando por otras como el Partido Comunista cuya estrategia es buscar la unidad con sectores supuestamente progresistas de la burguesía, hasta las organizaciones insurgentes que proponen un gobierno de unidad nacional como programa, programa —utilizando un método ultraizquierdista y vanguardista que aleja a las masas de la intervención directa—,  han sido obstáculos para que el movimiento obrero y campesino haya construido fuertes organizaciones de masas independientes para la lucha por sus reivindicaciones. 

El carácter represivo del régimen y el carácter reformista y vanguardista de la izquierda, es lo que explica que Colombia sea  uno de los países más atrasados del continente en materia de organización y lucha de masas. A pesar de ser la cuarta economía del continente, no se ha conocido una huelga general en toda su historia, y no porque no haya habido deseo y capacidad de lucha de las masas, sino por el carácter vanguardista y conciliador de las direcciones mayoritarias. Se han producido muchas luchas y muy heroicas, pero han sido aisladas y derrotadas. La lucha más significativa fue el paro cívico nacional de 1977, que fue sólo un ensayo de huelga general si lo comparamos con las huelgas generales realizadas con frecuencia en  Argentina, Ecuador y Bolivia que han servido para derrocar gobiernos.
Un programa agrario revolucionario
El programa de Santos responde al del Banco Mundial para Latinoamérica: garantizar la tierra para los grandes proyectos del capital imperialista que le permita saquear los recursos naturales, para impulsar la gran minería, y el cultivo a gran escala de plantas destinadas a los agrocombustibles. En el caso de la tierra para los campesinos pobres la fórmula del Banco Mundial es la de la oferta y la demanda: que el campesino pobre le compre, a precios de mercado, a los terratenientes y el Estado garantice el crédito. En ese contexto, como un aspecto secundario pero muy publicitado, Santos promete la entrega (no gratuita) de dos millones de hectáreas para los desplazados, comprándola a precios de mercado. 

Pero aún si eso se cumpliera, ¿qué va a pasar con las otras 4 millones de hectáreas que han sido despojadas? Según cifras de instituciones gubernamentales el total de hectáreas despojadas son 6 millones, por su parte el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado sustenta que son 10 millones. Esto quiere decir que el problema no se resuelve con el plan de Santos. Se necesita un programa revolucionario cuya ejecución debe estar sustentada por la lucha y la organización del campesinado y el movimiento obrero. En esencia el programa de Santos es: comprar tierra a los ladrones que la robaron, con dinero de los impuestos y recursos del Estado, y venderla al campesino que fue expropiado. Al ladrón se le paga y al despojado se le cobra.

Un programa para una reforma agraria democrática debe partir por impulsar la organización independiente y masiva del campesinado para la lucha por la recuperación de la tierra, buscar una solución revolucionaria a la dependencia del campesinado de los cultivos ilícitos, expropiar todas las tierras de los paramilitares y parapolíticos, de los terratenientes y auspiciadores del genocidio y el despojo al campesinado pobre, expropiar a los empresarios agroindustriales nacionales y transnacionales, y devolver la tierra  a los desplazados de acuerdo con un plan elaborado por las organizaciones campesinas de masas. 

 Toda propiedad de menos de treinta años debe ser investigada por comités de víctimas, especialmente en las zonas donde ha habido desplazados y masacres. En los casos donde no haya claridad el Estado debe fallar a favor del más débil, y a toda familia que está en la ciudad y quiera regresar al campo se le debe garantizar tierra. Se deben reconocer y respetar los territorios de los pueblos indígenas y las comunidades raizales de afrodescendientes. Grandes extensiones de tierra deben ser explotadas en forma industrial a cargo del Estado, bajo control del proletariado agrícola y al servicio del conjunto de la población. No deben existir grandes propiedades privadas.
La historia de la lucha por la tierra
El triunfo de la Revolución Rusa de 1917 produjo un despertar de las luchas a nivel mundial y Colombia no escapó a ello. Una de las luchas más conocidas es la de los trabajadores bananeros que fueron víctimas de la represión del régimen político en lo que se conoce como la Masacre de las Bananeras de 1928. El ascenso obrero y campesino obligó a la burguesía a tomar medidas para apaciguar las masas, y en 1931 el gobierno liberal de Enrique Olaya Herrera expidió una ley para legalizar los sindicatos y en el caso del campesinado, en 1936, el gobierno de Alfonso López Pumarejo se vio obligado a decretar la Ley 200 de reforma agraria para frenar las luchas agrarias y evitar que los campesinos siguieran expropiando a los grandes terratenientes. 

El gobierno se vio presionado a anunciar medidas como la extinción de dominio a los 10 años si la propiedad no estaba adecuadamente explotada, con la promesa de que sería expropiada para entregarla a los campesinos, pero no sería gratis. El campesino beneficiario tenía que pagar al Banco Agrícola Hipotecario, en cuotas, el valor de dicha propiedad. A pesar de ello se  produjeron choques del gobierno con los terratenientes —también organizados en la Asociación Patriótica y Económica Nacional— y la reforma agraria quedó en el papel.

La reacción de los terratenientes fue expulsar a los aparceros para evitar que las tierras que ellos cultivaban fueran expropiadas y entregadas (léase vendidas) a quienes las trabajaban. Esto produjo el proceso de colonización de montañas y selva por parte del campesinado expulsado, que luego sería despojado para convertirse nuevamente en colonizador de otras tierras vírgenes, en un proceso que aún continúa.
Desde la década de los ‘20 los campesinos se organizaron en Ligas Campesinas y sindicatos agrarios que dieron origen a la Federación Campesina e Indígena, que en 1942 se convirtió en la Confederación Campesina e Indígena. A través de estas organizaciones el campesinado libró la lucha por la tierra durante las décadas del ‘20 al ’50, hasta que fueron desmanteladas por la represión gubernamental y paramilitar. En esas condiciones de derrota y represión fue que surgió la lucha guerrillera.

Ya con la Ley 100 de 1944, que aplazaba por 15 años la extinción de dominio entre otras medidas regresivas, comenzó una contraofensiva de la burguesía terrateniente contra el campesinado. Entre 1948 y 1953, periodo conocido como “La Violencia”, se desarrolló una de las principales campañas de despojo de la tierra. Colombia contaba con una población de 12.5 millones de habitantes y en ese periodo fueron asesinados 300 mil campesinos a manos del régimen conservador representante de la burguesía terrateniente. Ese periodo se cerró con el golpe de estado militar del General Gustavo Rojas Pinilla, golpe acordado y organizado por el bipartidismo que luego tumbaría al General y acordaría el famoso Frente Nacional para repartirse el poder del Estado, alternándose el gobierno cada cuatro años.

En 1961 se promulgó la Ley 135, también producto de la presión social. El objetivo era terminar de estabilizar la situación después de “La Violencia”. Con esta ley se creó el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora). Nuevamente se tomaron algunos de los preceptos de la Ley 200 de 1936, pero la resistencia de los terratenientes evitó que se concretara la recortada reforma y el Incora terminó siendo un simple botín electoral del bipartidismo en el que no tenía representación el campesinado desposeído. 

En 1967 el gobierno de Carlos Lleras Restrepo organizó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) para impulsar, en 1968, otra ley de reforma agraria que tenía como propósito modernizar el latifundio, hacerlo más productivo, y entregarle algo de tierra al campesinado despojado. Pero ni bien se anunció esta reforma, en 1972, durante el gobierno de Misael Pastrana, el bipartidismo  lanzó una nueva ofensiva con el llamado Acuerdo de Chicoral para impulsar una contrarreforma agraria. Ante la falta de resultados de la reforma agraria, la ANUC se dividió entre la gobiernista Línea Armenia y la opositora Línea Sincelejo. Está última lideró un proceso de tomas de haciendas en la década de los ’70 con la consigna ¡A desalambrar!, pero la represión de los años ‘80 la llevó prácticamente su exterminio.

En 1982 se aprobó la Ley 35 y el Plan Nacional de Rehabilitación que consistía en comprar tierra para vendérsela al campesinado a precios de mercado. En 1988 se aprobó la Ley 30 con la cual el Incora compró tierra y se la vendió al campesinado, pero fue una operación marginal y limitada.
El fracaso de la estrategia guerrillera
La lucha guerrillera fue una medida defensiva utilizada por el campesinado en medio de la derrota y la represión en el periodo de “La Violencia”. Pero después el estalinismo intervino, copó su dirección y elevó la táctica guerrillera a estrategia, abandonando la política de construir organizaciones de masas y recuperar la experiencia de la primera mitad del Siglo XX. Con la ideología de reemplazar la lucha directa de las masas por la lucha heroica de pequeños grupos que se autoproclamaban como los salvadores del campesinado, la guerrilla se fue aislando políticamente y el campesinado fue quedando entre el fuego cruzado de los aparatos militares de la guerrilla, los paramilitares y las fuerzas armadas del Estado. Finalmente las masacres, el desplazamiento y la expropiación de la tierra fueron consolidando la derrota.

La guerrilla como estrategia fracasó en el continente. Muchos de sus comandantes terminaron en los palacios de gobierno o del parlamento. Los comandantes sandinistas nicaragüenses son hoy grandes burgueses y terratenientes. La guerrilla salvadoreña hizo una negociación política y capituló. Hoy el FMLN está en el gobierno administrando los negocios de la burguesía, y en Uruguay el ex guerrillero tupamaro José Mujica es el presidente que administra el estado burgués en ese país. 

En Colombia las guerrillas del M-19 y del EPL firmaron un acuerdo político y se desmovilizaron en 1990 a cambio de puestos en la Constituyente, en el Congreso Nacional y unos cargos en ministerios y embajadas para sus comandantes, o para ser asesores de los gobiernos burgueses incluido el de Uribe. Un sector importante de militantes de la guerrilla maoísta del EPL se pasó a las filas del paramilitarismo conducidos por algunos de sus comandantes y dirigentes. Un programa reformista, como el de la guerrilla, y un método vanguardista y aislado de las masas, no podían llevarlos a otro destino.

Por su parte la guerrilla de las Farc hoy busca un acuerdo negociado del conflicto armado en medio de una dura derrota política, acoso militar y aislamiento internacional. Por su parte el ELN se encuentra mucho más debilitado que las FARC, y las dos organizaciones están enfrentadas militarmente por influencia territorial, en un choque fratricida que sólo le sirve al régimen político. 

La búsqueda de la negociación política es en últimas el reconocimiento del fracaso de la estrategia guerrillera para la toma del poder, y al ser una negociación en la que no intervienen las masas obreras, campesinas e indígenas —a través de sus organizaciones— sus comandantes pueden terminar negociando, “en nombre del pueblo”, simplemente algunas prebendas. Ellos serán cooptados por el régimen burgués, como ha sucedido con todos los que han hecho esas negociaciones, y los problemas de las masas continuarán sin solución.

Colombia en Cifras
Habitantes	44.000.000
Colombianos en el extranjero	3.500.000
Población urbana	36.000.000
Población campesina total	8.000.000
Pueblos indígenas	1.200.000
Población económicamente activa	&21.000.000
Población empleada	8.500.000
Población subempleada	9.000.000
Población desempleada	3.500.000
Colombianos pobres cifra de 2006	20.500.000
Colombianos indigentes cifra de 2006	7.900.000
PIB en miles de dólares	280.000.000
PIB Percapita en dólares	8.200
Deuda externa en miles de dólares	55.521.000

Año	Campesinos desplazados  durante el gobierno de Uribe-Santos
2002	412.553
2003	207.607
2004	287.581
2005	310.397
2006	221.638
2007	305.966
2008	380.863
2009	286.389
Total	2.412.994

Fuente: Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).

Territorio colombiano   Superficie continental en kilómetros cuadrados 1.141.748 Superficie marítima en kilómetros cuadrados 928.660 Superficie total 2.070.408 Superficie continental en hectáreas 114.000.000   Área para cultivo o ganadería 68.000.000

Fuente: Correo Internacional LIT-CI