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La SB 1070 aunque limitada sigue viva en Arizona
sb1070La firma de la gobernadora de Arizona en abril 23 de la SB1070 puso nuevamente en relevancia la lucha por los derechos de los inmigrantes. La SB1070 entró en vigor el 29 de julio.  

Esta ley intensifica la persecución de los indocumentados y hace del hecho de ser un indocumentado una ofensa federal. La policía local podrá detener a cualquier individuo y pedirle documentos que prueben su status “legal” si existe una “sospecha razonable” de que son indocumentados, lo cual, inevitablemente convierte a los latinos y cualquiera de color moreno en un blanco sujeto a deportación. Estas medidas legalizan la amenaza que enfrenta la población latina de poner en manos de autoridades locales la aplicación de las leyes de migración que supuestamente solo el gobierno federal puede aplicar.
  
La pesadilla de Arizona no está aislada de la situación de la comunidad indocumentada en el resto del país. Medidas similares están siendo propuestas por políticos en más de 18 estados. Sin sus derechos reconocidos los trabajadores indocumentados se enfrentan a toda una serie de medidas represivas destinadas a mantener su condición de mano de obra barata y desechable. La nefasta Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) responsable de la deportación de cientos de miles de trabajadores inmigrantes cada año lleva a cabo un régimen de terror obligando a que la gente viva en un constante temor de ser separados de sus familias y de sus trabajos.

No se ven signos de que una ley de migración que proteja los derechos de los trabajadores inmigrantes y sus familias vaya a ser votada en esta administración. Las deportaciones masivas exceden a los 300,000 en el primer año del mandato de Obama; este número excede a los números de deportaciones anuales bajo la administración de Bush. El gobierno de Obama continúa criminalizando a los inmigrantes y militarizando la frontera sur. A finales del mes de mayo el presidente Obama envió a esa frontera 1,200 soldados con el pretexto de combatir al narcotráfico. Contrariamente a las declaraciones de los políticos demócratas y de los medios liberales en contra de la “equivocada” y “fuera de lugar”  legislación en Arizona, el Partido Demócrata ha favorecido el incremento de la militarización de la frontera, la colaboración de ICE con las policías locales y redadas en los lugares de trabajo.

Estas políticas apuntan a culminar en un nuevo programa de braceros que creará una capa de esclavos al servicio de los patrones que usarán, abusarán y luego desecharán cuando ya no los necesiten, regresándolos a sus países de origen. En la bipartidista ley de Schumer-Graham estas medidas se complementan con la propuesta de implementar un seguro social biométrico que cerrará la posibilidad de obtener empleo a los inmigrantes indocumentados.
  
Los trabajadores indocumentados en los Estados Unidos y en el mundo entero (no así los refugiados políticos) son trabajadores internacionales que han sido desplazados de sus países de origen como resultado de las políticas económicas integracionistas llamadas “economías globales” como el TLC, que en México entró en vigor en 1994 bajo la administración de Clinton y que arruinó una gran extensión de la agricultura mexicana lo cual provocó la mayor ola migratoria en los últimos 10 años de mexicanos a los EE.UU.  Mientras que en épocas de crecimiento económico los gobiernos de los Estados Unidos y en otros países capitalistas establecen políticas de migración más accesibles, en épocas de crisis implementan políticas de persecución y represión hacia los inmigrantes. Esos ataques obedecen a tres propósitos que están relacionados entre sí:

1. La negación de derechos sociales y laborales sirve para mantener la sobreexplotación de los trabajadores inmigrantes que no pueden protestar o luchar en contra de las inhumanas condiciones de trabajo, bajos salarios y otros abusos de los patrones. La hipocresía de los partidos Demócrata y Republicano recae precisamente en el hecho que la clase social que representan -los dueños de los medios de producción- requiere de explotar la mano de obra inmigrante de una manera despiadada en aras de incrementar sus ganancias.    

2. La xenofobia y los prejuicios anti-inmigrantes entre la clase trabajadora de este país tiene el propósito de dividirlos en su lucha contra la pobreza, el desempleo; dividirlos en la lucha en contra de los propietarios de grandes extensiones de tierra agrícola, de los banqueros, de los dueños de los medios producción.  Divide y vencerás es la táctica suprema de la clase dominante que se ha aprovechado del sentimiento anti-inmigrante. Vilipendiaron a los irlandeses y alemanes en la mitad del siglo 19 y a los chinos y los japoneses al principio del siglo 20. Los ataques a los inmigrantes es un mecanismo de control sobre toda la clase trabajadora.

3. Los ataques a los derechos de los inmigrantes son el pretexto para una vasta expansión de un estado policíaco en el país. Desde la militarización de la frontera, la creación y ampliación de los organismos nacionales de seguridad y las propuestas de documentos nacionales de identidad son medidas conjuntas que están encaminadas a reforzar el poder y un control más efectivo por parte del estado poniendo en peligro la seguridad de los no ciudadanos y los ciudadanos.
  
Los fuertes ataques que actualmente sufren los trabajadores indocumentados están obligando a la comunidad inmigrante a movilizarse por sus derechos. El 22 de marzo marcharon en Washington 200 mil y cientos de miles llenaron las calles el primero de mayo pasado. Masivas movilizaciones donde trabajadores, estudiantes y miembros de la comunidad se han manifestado en todo el país para echar abajo la SB1070.

El jueves 29 de julio, unas horas antes de que la SB1070 entrara en vigor, una jueza federal anuló la sección que le daba poder a la policía local de checar el estatus migratorio de la gente, igualmente la sección donde se prohibía a los trabajadores jornaleros a buscar trabajo en las calles. Mientras que en Arizona se han anulado dos de las secciones más controversiales de la SB1070, en otros estados del país legisladores están haciendo todo por aprobar legislaciones similares a la SB1070. En Utah, el representante Carl Wimmer dijo que la anulación de algunas secciones de la SB1070 no impedirá que Utah avance en la aprobación de leyes como la SB1070. Mientras tanto las secciones de la SB1070 donde se criminaliza el transportar y hospedar a indocumentados han entrado en vigor en Arizona.

Ninguna Esperanza en la Administración de Obama

Que quede claro: la acción de la corte federal no significa que el gobierno federal o la administración de Obama reconocerá la lucha por la defensa de los inmigrantes. En primer lugar, la decisión de la Corte es una respuesta a la movilización de cientos de miles que se opusieron a la SB1070 y en contra de los ataques a los inmigrantes. El propósito del gobierno federal es continuar controlando las leyes de inmigración, al mismo tiempo quieren parecer como si Obama estuviera cumpliendo con su promesa de campaña electoral de defender los derechos de los inmigrantes. Pero es precisamente bajo el gobierno de Obama que la ICE y Homeland Security han fortalecido su capacidad de deportar masivamente a indocumentados. El proyecto de deportaciones masivas está planteado en un documento llamado Operación Endgame que fue elaborado por el Pentágono.

También en la administración de Obama redadas electrónicas se han implementado bajo el programa federal E-Verify. En lo que va del año se han registradas 400,000 solo en el 2010. El gobierno federal ha implementado programas como el G-287, el cual da poder a autoridades locales para aplicar leyes migratorias sobre las autoridades federales. Este programa se ha implementado en cuatro municipios del estado de California entre ellos Los Ángeles. Con el programa federal “Comunidades Seguras” (Secure Communities) las autoridades locales cooperan con las autoridades de inmigración y tienen poder legal de detener y transportar a indocumentados a las cárceles de la ICE. Esto es similar a la SB1070. Este programa promete extenderse a todo el país. 

Como se puede ver, no podemos tener fe en la administración de Obama que está reforzando la persecución de los inmigrantes. Solo la lucha en las calles de millones podrá lograr el triunfo de los derechos de los inmigrantes. 

 Por la Construcción de un Frente Alternativo de Lucha por los Derechos de los Inmigrantes

La lucha de los inmigrantes es por papeles para todos.  Desafortunadamente la principal coalición por los derechos inmigrantes Reform Immigration for America (RIFA) está apoyando la propuesta del legislador Luis Gutierrez la cual va desde proponer la militarización de la frontera sur, el apoyo al programa E-verify, que realiza redadas electrónicas, hasta la propuesta de legalizar solo una parte de inmigrantes indocumentados.

Es imperioso que los trabajadores y sus organizaciones, especialmente los sindicatos, movilicen a sus bases por la defensa de sus hermanos y hermanas trabajadores inmigrantes y por el derecho de todos los trabajadores a trabajar y vivir en el país que decidan con todos los derechos como cualquier otro trabajador. Actualmente, la dirigencia de un buen número de sindicatos apoyan los ataques a los inmigrantes, algunos hasta apoyan un programa de braceros y muchos renuncian a los esfuerzos de organizar y movilizar limitándose a declaraciones vacías de apoyo al movimiento de los inmigrantes. Los líderes de los sindicatos con su falta de acción en la lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores inmigrantes debilitan la lucha de los trabajadores en su conjunto.
  
Es necesario unir todos los esfuerzos e iniciativas que están empujando por una incondicional legalización o amnistía para todos sin militarización de fronteras y sin medidas represivas y discriminatorias. Para lograr esto es necesario formar un Frente Alternativo de Lucha por los derechos de los inmigrantes.

Foto por Manuel Tiberio Bermúdez

HERMANO DEL PRESIDENTE URIBE IMPLICADO EN PARAMILITARISMO!
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Santiago Uribe

Santiago O’Donnell
Periodista – Tomado de www.pagina12.com.ar

Excelentísimo presidente de la República de Colombia
Don Álvaro Uribe Vélez
Señor Uribe, perdone la molestia. Me tomo el atrevimiento de hacerle llegar estas líneas atento a la airada reacción que han tenido usted y altos funcionarios de su Gobierno ante la difusión pública que ha tenido el testimonio del mayor retirado de la Policía Nacional Juan Carlos Meneses Quintero. Como usted sabe, el mayor Meneses acusó a su hermano menor, Santiago Uribe Vélez, de armar y dirigir a un grupo paramilitar en los años ‘90. El testimonio también lo salpica a usted, ya que según el testigo usted estaba al tanto y/o apoyó dichas actividades.
Disculpe que me haya dado por aludido el jueves pasado cuando usted tildó de “idiotas útiles” a los activistas por los derechos humanos Adolfo Pérez Esquivel y Javier Giraldo que facilitaron el testimonio en Buenos Aires y a los periodistas del diario The Washington Post que lo difundieron en Estados Unidos. Es que yo presencié ese testimonio, y ese testimonio salió publicado primero en este diario.
Entonces quería escribirle para darle la tranquilidad que la entrevista con Meneses y su testimonio se publicaron porque son de un valor periodístico innegable y no por otra razón. Usted dijo que quienes difundimos el testimonio de Meneses fuimos serviciales a los intereses de los narcoterroristas. Pero no fue por el accionar psicológico de los narcos que la noticia tuvo tanta difusión en Colombia. Después de ocho años de Seguridad Democrática no me va a decir que, además de Página y el Post, las FARC manejan también a los medios colombianos, incluyendo el multimedios propiedad de la familia de su excelentísimo señor vicepresidente. Sin embargo, todos se hicieron eco de la noticia.
Es que, señor Uribe, vamos, hay que decirlo, sobre su hermano Santiago pesa un estado de sospecha. El testimonio de Meneses no cayó del cielo. Se inserta en un contexto que es bueno srrecordar. Su hermano es un importante hacendado de Antioquia, donde prácticamente nacieron las bandas paramilitares, y muy cerca de la finca de su hermano operó un sanguinario escuadrón de la muerte conocido como los Doce Apóstoles. Es bien conocido, usted lo sabrá, que los escuadrones paramilitares fueron creados por hacendados y empresarios para combatir con métodos ilegales la guerrilla y la delincuencia, y que esos grupos se vincularon con fuerzas militares y de seguridad a través de los políticos locales. En los tiempos de los Doce Apóstoles usted fue senador por y luego gobernador de Antioquia. La estrategia de los paramilitares de aliarse, o para usar un término suyo, “penetrar” la clase política colombiana fue muy exitosa. Si lo sabrá usted: cerca de un tercio del Parlamento y varios gobernadores y alcaldes, incluyendo su primo Mario, están presos o bajo proceso por sus vínculos con los paramilitares. Casi todos son o fueron aliados suyos.
Volviendo al estado de sospecha que pesa sobre su hermano, no es que simplemente estaba en el momento justo, en el lugar justo, y en las condiciones ideales como para gestar y financiar una formación paramilitar. Seguramente no todos los hacendados asediados por la guerrilla en los ’90 respondieron a la amenaza con escuadrones de la muerte. Hasta es posible imaginar que los Doce Apóstoles hayan limpiado a los enemigos de Santiago y (de los demás hacendados) de gusto nomás, por iniciativa propia. Pero hay más.
Santiago Uribe ya había sido investigado dos veces como presunto cabecilla de los Doce Apóstoles, por la Fiscalía de Antioquia en 1998 y por Fiscalía General en el 2002. En ambos casos se dictó una falta de mérito o auto inhibitorio, como dicen ustedes allá, porque las fiscalías consideraron que no había suficientes pruebas para procesar o sobreseer a su hermano. El año pasado el dirigente opositor Gustavo Petro intentó abrir una investigación parlamentaria por el mismo tema pero no consiguió suficientes votos. Usted dirá: lo investigaron dos veces porque los fiscales son idiotas útiles del narcoterrorismo, y lo acusaron en el Congreso porque el narcoterrorismo penetró la bancada parlamentaria del Polo Democrático.
De hecho el testimonio de Meneses corrobora los dichos de un testigo de identidad reservada que figuran en el expediente judicial de los crímenes de los Doce Apóstoles. El testigo secreto sería un agente que habría servido de nexo entre la policía local y los paramilitares. Meneses era el jefe directo de este testigo y el responsable de la seguridad de toda la zona, amén de un oficial de alto rango de la institución policial. Dada la situación en que se encontraba, bajo cualquier parámetro de razonabilidad, hay que admitir que se trata de un testigo clave.
Y como bien apuntó el fiscal general de su país, Guillermo Mendoza Diago, al ser consultado sobre la situación de su hermano hace un par de días: “Cuando hay resoluciones inhibitorias y sobreviene una prueba, la obligación del funcionario correspondiente es revocar dicha resolución e iniciar una investigación según lo que amerite esa nueva prueba”. De sus dichos se desprende que Mendoza Diago reabriría la investigación de su hermano, sumándose así a su extensa lista de idiotas útiles al servicio del narcoterrorismo. Le recuerdo que Santiago Uribe nunca ha sido juzgado aún por los crímenes de los Doce Apóstoles, por lo que su derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo crimen está prácticamente garantizado.
Está bien, es cierto, su hermano y su vicepresidente se encargaron de recordar esta semana que Meneses había sido pasado a retiro por problemas legales y/o disciplinarios, dando a entender que es un testigo poco confiable. Yo lo entrevisté y le confieso que no le compraría un auto usado. Pero Meneses cobraba la pensión militar, sus causas judiciales se habían archivado y tenía un negocio informático que andaba bien. Todos sus afectos están en Colombia.
¿Qué necesidad tenía de exiliarse, pasar a la semiclandestinidad y autoincriminarse a riesgo de pasar años en la cárcel? ¿Qué necesidad tenía de confesarle a sus hijos que él es un asesino que mató y mandó a matar por orden de Santiago Uribe? ¿Todo eso por un puñado de dólares de los narcos? ¿Dónde y con quién iba a disfrutar ese dinero?
¿Y cómo hizo Meneses para convencer a los idiotas útiles de Naciones Unidas de que le dieran status de refugiado en Venezuela porque su vida corría peligro en Colombia? ¿Los miembros de los Doce Apóstoles que han muerto en circunstancias poco claras en los últimos años, se hicieron matar a propósito, para que Meneses tuviera una excusa para escaparse del país?
Qué sé yo. Hay que reconocer, señor presidente, que su jefe de Policía, el general Oscar Naranjo, estuvo rápido de reflejos. No bien salió publicado mi artículo citó al coronel Benavides, ex jefe directo de Meneses, para un interrogatorio. Meneses me había dicho que tiene una grabación secreta de Benavides donde el coronel avala la denuncia contra su hermano y contra usted. La cosa es que Naranjo salió del interrogatorio del coronel con un hallazgo: el testimonio de Meneses había sido comprado por un grupo narco llamado “los cambas”. El coronel no hizo declaraciones pero no importa: con lo que dijo Naranjo alcanzó para que usted, su hermano, su vice y su candidato en las elecciones de hoy salieran a difundir la idea de que Meneses es un agente del narcoterrorismo.
Lo que no termino de entender es lo que dijo su hermano. Explicó que el testimonio de Meneses fue armado para influir en la campaña electoral. Pero resulta que mientras su candidato se cansó de hablar del tema, el principal candidato de la oposición lo ignoró por completo. Entonces, más que de idiotas útiles habría que hablar de idiotas inútiles, porque instalamos un tema en la agenda mediática supuestamente para perjudicarlo a usted, señor presidente, pero el tema lo termina capitalizando su candidato, el candidato oficialista.
Ojo que a mí no me molesta. Siempre digo que bastante difícil es hacer periodismo como para querer cambiar el mundo. Si la información vale, lo que se haga con ella o se deje de hacer ya no es mi problema.
No hace falta que diga que considero a su hermano inocente hasta que se demuestre lo contrario. Eso se da por descontado. Tampoco me compro todo lo que dijo Meneses, aunque todo lo que dijo me resulta creíble por el contexto antes mencionado. Pero me parece que no se puede negar que se trata de un testigo clave. Acusa a su hermano de asesino y a usted de cómplice. Dice que estuvo reunido con Santiago Uribe en presencia de otros testigos “unas cinco o seis veces”. Aporta datos sobre hechos, nombres y lugares en minucioso detalle, datos que podrían ser corroborados con inspecciones oculares, careos, documentos y demás diligencias judiciales para saber si dice o no la verdad. Ya verá el fiscal si conviene reabrir la causa.
Si no, hay otras instancias a las que tanto su hermano como los familiares de las víctimas de los Doce Apóstoles pueden acudir en busca de justicia. Usted sabe que tanto la fiscalía de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica han realizado visitas a Colombia durante su mandato e informado sobre serias deficiencias en el funcionamiento de la Justicia de su país, sobre todo en zonas de conflicto. Es un mandato del derecho internacional que cuando las condiciones no están dadas para llevar a juicio a personajes importantes en un determinado país, las cortes internacionales tienen la obligación de intervenir y juzgar a los acusados.
Convengamos que su decisión de extraditar a Estados Unidos a los principales jefes paramilitares justo cuando empezaban a revelar sus contactos con políticos y militares no dejó muy bien parada a la Justicia colombiana. No es un detalle menor que la Corte Suprema recién se enteró de las extradiciones cuando los paras ya estaban arriba de un avión en vuelo a Florida.
Por todo lo antedicho, señor Presidente, permítame la osadía de ofrecerle un consejo. Me parece que en casos como éste no conviene sacar conclusiones precipitadas sobre la salud mental de quienes difunden ciertos testimonios. Es posible que algunos no sean tan idiotas como usted piensa.
Saludos.

sodonnell@pagina12.com.ar

 

 
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