Esta semana quedó claro que la guerra entre el gobierno y la Corte Suprema entró en una fase de alta peligrosidad para el país. Tras más de dos años de refriega entre estos dos colosos del Estado, en los últimos días ambos bandos parecen haber pasado del tapete rojo de la diplomacia al cuadrilátero de boxeo.

Pero ¿qué es lo que está en juego? ¿Qué hay detrás de cada una de las maniobras del gobierno y de la Corte en los últimos días?

El lunes el país madrugó con un extraño comunicado expedido por la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), adscrita al Ministerio de Hacienda. Extraño no sólo por la hora y las circunstancias en que fue publicado –en la noche del domingo y en el portal de Internet de la Casa de Nariño–, sino también por su contenido. Habla de “operaciones sospechosas de lavado de activos o financiación del terrorismo” y a renglón seguido menciona que “podrían verse involucrados algunos magistrados”.
 
Por la falta de detalles, pocos entendieron lo que quería decir el comunicado. Ese lunes en la mañana, todas las cabezas de los tribunales cerraron filas y cada una a su turno respondió a través de los medios. El presidente del Consejo de Estado, Rafael Ostau de Lafont, fue el más directo, dijo que el comunicado “evidencia el propósito de desacreditar a la rama judicial y afectar la integridad moral” de los magistrados. El presidente de la Corte Suprema, Augusto Ibáñez, comentó que era una “columna de humo”. Y la presidenta del Consejo de la Judicatura y vocera de toda la rama judicial, María Mercedes López, dijo que se trataba de un “problema de Estado”.

¿Por qué la Uiaf no hizo una declaración como ésta el año pasado cuando, según admitió su propio director a SEMANA, hizo seguimiento a las cuentas de los magistrados y a sus estados financieros por petición del DAS? ¿Por qué, además, hace pública justamente ahora una información que recolectó en aquella época?

Aun más. Una de las “operaciones sospechosas” de las que habla la Uiaf sin citarla, según reveló El Espectador, consiste en un depósito que hizo el presidente del Consejo de Estado, por 2,2 millones de pesos, en la cuenta de Ascencio Reyes, un polémico empresario que no tiene ninguna tacha judicial, pero sobre quien recaen “sospechas” porque compró una finca en sociedad con un hombre que luego fue extraditado. ¿Es suficiente este episodio para poner en la picota al magistrado De Lafont?

Como si fuera poco, el fiscal general, Mario Iguarán, también dejó al descubierto una serie de incongruencias en el proceder de la Uiaf: en primer lugar, dijo que era un informe viejo, que incluso cuando fue remitido a la Fiscalía por primera vez, en septiembre del año pasado, ya había sido filtrado tres meses antes a El Espectador y a El Tiempo. Y clavó una puntilla final al decir que como la Uiaf envió ese informe “sin que un fiscal lo hubiera solicitado y sin que lo reportara como operación sospechosa”, la Fiscalía en ese momento no halló mérito para enviarlo a la Comisión de Acusaciones de la Cámara.
 
El comunicado de la Uiaf no fue la única artillería que utilizó el gobierno. Ese mismo lunes, el ministro de Protección Social, Diego Palacio, acusó a la Corte Suprema de Justicia de estar politizada. Y para rematar la semana, la Comisión de Acusaciones del Congreso les abrió investigación a los magistrados mencionados en el informe de la Uiaf y, de paso, anunció que revisaría si hacía lo mismo con el fiscal Iguarán por no haber remitido el informe a dicha Comisión en ese momento.

Ya el jueves de la semana pasada, el choque entre la Casa de Nariño y el Palacio de Justicia había llegado a tal punto, que el Procurador General se ofreció como mediador para bajarle la temperatura, pero su ofrecimiento llegó tarde, pues ese mismo día los presidentes de las altas Cortes y el vicefiscal general aprovecharon una reunión de la rama para hablar del tema y decidieron mermarle el volumen a la refriega.

“Nosotros no podemos meternos a pelear en el terreno de la opinión pública porque ahí perdemos”, le dijo a SEMANA uno de los asistentes a la reunión que duró casi seis horas. “Dejaremos que cada una de las investigaciones siga sus cauces jurídicos naturales, la de las supuestas irregularidades de algunos magistrados por un lado y la de las ‘chuzadas’ y los seguimientos a magistrados, por otro”.

Mayo negro
La arremetida del gobierno contra la Corte, de la semana que pasó, no es gratuita. En esta lógica del toma y dame es la respuesta a las investigaciones de la Corte Suprema en las semanas anteriores. En circunstancias normales se podría creer que son decisiones producto de la dinámica de su trabajo y sin intención política. Pero en medio de un ambiente polarizado, así sean inspiradas en los más nobles fines de la justicia, hay un grave problema de lo que los gringos llaman timing.

Entre el 28 de mayo y el 3 de junio, la Corte Suprema tomó tres decisiones jurídicas que no pudieron caer en peor momento político. La condena de seis años al senador Iván Díaz Mateus, por presionar en 2004 el voto de la entonces congresista Yidis Medina a favor de la reforma que dio vía libre a la primera reelección del presidente Álvaro Uribe. La condena de ocho años de cárcel al ex congresista Teodolindo Avendaño por haber recibido dádivas del gobierno para ausentarse del Congreso el día de la votación de dicha reforma. Y, como si eso fuera poco, les abrió investigación preliminar a 86 congresistas que fueron denunciados por haber votado el pasado 17 de diciembre el referendo sin que éste haya cumplido un supuesto requisito que es el del aval del Registrador Nacional.

Como en el caso de la Uiaf, también caben preguntas para la Corte Suprema. ¿Por qué si la demanda contra los 86 congresistas llegó el 15 de enero, apenas ahora, cinco meses después, les abren investigación preliminar? ¿Por qué lo hacen justo cuando apenas quedan pocos días para la aprobación definitiva del referendo para la reelección presidencial en el Congreso, y la participación de los congresistas investigados es definitiva en esa votación? ¿Es una casualidad que en una misma semana se conozcan los otros dos fallos, los de las condenas de Teodolindo y Díaz Mateus, que parecen ser fiel retrato de lo que les puede esperar a los 86 congresistas investigados por votar el referendo?

Los voceros de la Corte Suprema dicen, por ejemplo, que la investigación de los 86 congresistas no la abrió la Corte, sino que es una decisión autónoma de un solo magistrado. Sin embargo, cualquier explicación es insuficiente para despejar las suspicacias del mundo político cuya paranoia está a flor de piel.

Desde cuando llegó Augusto Ibáñez a la presidencia de la Corte Suprema, a comienzos de mayo, el tribunal tomó nuevos bríos. En sus entrevistas de presentación, Ibáñez se mostró bastante tranquilo sobre la confrontación con el alto gobierno y fue enfático en que no dudaría en pedir la intervención de la ONU para que se garantizara la independencia judicial. Ese anuncio se concretó el jueves 14 de mayo, cuando la Corte Suprema en pleno pidió la presencia en el país del relator de la ONU para la independencia judicial. Para ese entonces, y tampoco ahora, las Cortes no han tenido respuestas satisfactorias de parte del gobierno Uribe sobre las chuzadas y los seguimientos ilegales que agentes oficiales hicieron a los magistrados.

Esa solicitud disparó las alarmas de la Casa de Nariño. Y la reacción fue casi inmediata. El 20 de mayo, en una salida inusual, el ex alto consejero de Paz del gobierno y hoy presidente de La U, Luis Carlos Restrepo, desempolvó una denuncia que entabló contra todos los magistrados de la sala penal de la Corte Suprema el 27 de junio del año pasado.
Esa demanda, curiosamente, es el resultado de un verdadero carrusel de información. En ella cita información contra los magistrados publicada por las revistas SEMANA y Cambio y por la columnista de El Tiempo Salud Hernández. Pero esa información, según se ha venido a conocer en los últimos meses, la había recolectado el DAS por solicitud de la Casa de Nariño y luego fue filtrada a los medios. Y Restrepo la recogió de los medios para elaborar su denuncia.

La denuncia de Restrepo coincide con el comunicado de la Uiaf del pasado domingo y con la decisión de la Comisión de Acusaciones a abrirles investigación esta semana a los cuatro magistrados salpicados. En los tres asuntos, si bien es necesario que el juez del caso se encargue de aclarar la responsabilidad de los magistrados, parecía haber un interés de minar el prestigio de la Corte.

El origen del problema
Este es uno de los capítulos más agudos de un choque que se comenzó a gestar hace ya casi dos años, cuando la Corte Suprema de Justicia se convirtió en una piedra en el zapato para los intereses del gobierno del presidente Uribe o de sus allegados. La primera alarma sonó en Casa de Nariño en julio de 2007, cuando la Corte se negó a firmar un documento para permitir que 19.000 paramilitares fueran juzgados por delito político y no por concierto para delinquir. Uribe dijo en ese entonces que la negociación con los paramilitares quedaba “herida de muerte”.

Pero el verdadero punto de quiebre ocurrió en septiembre de ese año, cuando la Corte llamó a indagatoria a Mario Uribe, primo del Presidente y compañero de fórmula política por muchos años. Después de ese episodio se vinieron como en cascada escándalos que dejaron muy mal parado al alto gobierno, como el de ‘Tasmania’ y la visita de ‘Job’ a la Casa de Nariño, porque con el paso del tiempo quedó claro que se trataba de montajes contra la Corte. Y aún queda pendiente el pleito penal del primer mandatario contra el entonces presidente de la Corte Suprema, César Julio Valencia, iniciado a principios de 2008.

A pesar de las incomodidades de los magistrados, todo había quedado en una especie de calma chicha hasta febrero de este año, cuando una investigación de SEMANA dejó al descubierto las interceptaciones telefónicas y los seguimientos ilegales del DAS a los magistrados de la Corte. Se empezó a deshilvanar entonces una trama oculta: que esos seguimientos sirvieron para filtrar información a los medios para tratar de enlodar la imagen de la Corte Suprema (como el caso de un chárter que pagó Ascencio Reyes para llevar a los magistrados a un homenaje a Neiva).

El gobierno ha insistido en que si bien las ‘chuzadas’ y los seguimientos no se hicieron por todos los cánones legales, tenían una razón de ser y era corroborar si presuntos narcotraficantes (como el socio extraditado del señor Ascencio Reyes) estaban metiendo sus tentáculos en la Corte.

Pero si se trataba sólo de hacer una pesquisa para salvar a la Corte de la mafia, ¿por qué los indicios recogidos en un primer momento no fueron remitidos a las autoridades competentes, sino que terminaron en manos de los medios de comunicación? Así pasó por lo menos en los casos del chárter a Neiva y de los informes de la Uiaf ya mencionados.

Democracia en peligro
El escalonamiento de la guerra no declarada entre las altas Cortes de la Justicia y el gobierno –y ahora el Congreso– no sólo puede resquebrajar los cimientos de la democracia, sino que puede dejar secuelas irreversibles. Para entender la dimensión del pulso de poder es necesario analizarlo en tres ámbitos distintos: el político, el jurídico y el institucional.

El político es el que más chispas genera, pues todas las decisiones son vistas de lado y lado como actos de agresión y de venganza, y no como producto de una lógica judicial o legal.

En esta pugna el Presidente tiene al pueblo, y las altas Cortes, la ley. Mientras la Corte Suprema avanza en sus investigaciones judiciales y acumula su acervo probatorio, el presidente Uribe apela cada vez más a un Estado de opinión.

Desde cuando se radicó en el Congreso el referendo para la reelección, en octubre del año pasado, según http://www.lasillavacia.com , el presidente Álvaro Uribe ha mencionado en 103 discursos el concepto del “Estado de opinión”. El cual definió hace unos días ante los príncipes de Asturias de la siguiente manera: “Colombia está en la fase superior del Estado de Derecho, que es el Estado de opinión. Aquí las leyes no las determina el presidente de turno. Difícilmente las mayorías del Congreso. Todas son sometidas a un riguroso escrutinio popular, y finalmente a un riguroso escrutinio constitucional”.

Como si eso fuera poco, con el paso de los meses se han ido sumando aliados a cada uno de los bandos. De manera que de un lado se ha acercado la Fiscalía a las cuatro altas Cortes: la Corte Suprema, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura. Y del otro, el gobierno, sus agencias y sectores importantes del Congreso. “Nunca había percibido un resentimiento igual de la rama (judicial) con el Ejecutivo”, dice un alto magistrado. Y en los pasillos del gobierno y el Capitolio el temor y la desconfianza sobre la cúpula de la Justicia cunden en dosis similares.

Sin embargo, el debate político no puede opacar los motivos jurídicos que subyacen en esta contienda. Es necesario que se aclare el capítulo de las ‘chuzadas’ y de los seguimientos por parte de agentes del DAS y las pesquisas de la Uiaf a magistrados de las altas Cortes ¿Cuál era el motivo? ¿Quién las ordenó? ¿Qué tanto sabían en el Palacio de Nariño? ¿Estaba enterado el Presidente? Son preguntas que aún están sin responder.

Así mismo, es indispensable que se investigue a fondo qué responsabilidad les cabe a los cuatro magistrados cuyos nombres por uno u otro motivo han sido puestos en tela de juicio. Pues algo va de un magistrado que giró 2,2 millones de pesos en la cuenta de un empresario, a otro que recibió dádivas de un hombre que está detenido en Italia por narcotráfico.

Ahora, el manto de duda que recae sobre un puñado de magistrados no se puede convertir en caballito de batalla para desprestigiar a todas las Cortes: tiene que ser investigado y sancionado, si es del caso, pero de ninguna manera deslegitima la labor de las Cortes, ni mucho menos le resta importancia al escándalo de las ‘chuzadas’ que involucra a altos funcionarios del gobierno.

Pero quizás el peor coletazo de este enfrentamiento es el institucional. Un país con el flagelo de la violencia, las amenazas de las guerrillas y las bandas emergentes, y con el negocio el narcotráfico vivito y coleando, no puede darse el lujo de tener a la cúpula del Estado lanzándose ganchos a la mandíbula.

Porque una cosa es la separación de poderes, que muchas veces genera roces que son saludables para la democracia, y otra muy distinta es el choque de trenes que puede producir desconfianza en las instituciones. Un efecto más claro y preocupante es en la economía. A la incertidumbre política por la reelección ahora se le suma una inestabilidad institucional que no sólo dificulta la reactivación económica, sino ahuyenta la inversión extranjera.

Y envía un pésimo mensaje a la comunidad internacional que, a pesar de la cicatriz de violencia que ha estigmatizado al país durante tantas décadas, ha valorado la fortaleza institucional. En su reciente visita a Canadá el Presidente dijo, por ejemplo, que el tema de las ‘chuzadas’ a los magistrados, la oposición y los periodistas podía afectar el tratado de libre comercio con ese país, que está bajo consideración del Parlamento canadiense.

Ante esta grave situación, es necesario que se desactiven los prejuicios, las teorías conspirativas y las guerras de comunicados. Y frente a unos hechos de una enorme gravedad, como las ‘chuzadas’ ilegales, es fundamental bajarle la temperatura mediática, pero al mismo tiempo acelerar las investigaciones judiciales para encontrar a los responsables de quienes tienen hoy al Establecimiento enfrentado. Porque lo que ha ganado el Estado en el terreno militar no puede perderlo en el institucional.