EMERGENCIA SOCIAL POS

'Por qué no', opinión del Presidente de Médicos Generales Colombianos

Los decretos de emergencia social son una burla a los colombianos y una intimidación tanto a los profesionales de la salud como a los afiliados para que no lesionen financieramente un sistema que, en solo 16 años, ha permitido a las EPS estar entre las 20 empresas más grandes y poderosas del país. La imposibilidad de acceder a los servicios 'no POS' mediante tutela no solo se burla de los colombianos que lograban mediante este recurso acceder a los servicios que niegan las EPS, sino del derecho fundamental a la salud establecido en la Constitución Política. Además, impide a los pacientes exigir un nivel óptimo de atención, bajo la amenaza expresa de tener que pagar por los servicios no incluidos en el POS.

Los decretos son también una intimidación a todos los profesionales de la salud, pues los conmina a no prescribir tratamientos que puedan "ocasionar un daño económico al sistema", nuevamente bajo la amenaza de ser sancionados. De esta manera se consolida lo que desde el sector salud se ha denominado "una abusiva intromisión del Estado en la autonomía profesional", la cual no es otra cosa que la capacidad que tienen los profesionales de decidir libremente lo que es mejor para un paciente. La salud en Colombia no es más que un buen negocio, manejado y administrado por 'los negociantes de la salud', cuyo insaciable apetito por el dinero y en un claro contubernio con el Gobierno, pretenden imponernos algo abominable. Confiamos en que el Congreso de la República y la Corte Constitucional saldrán en defensa de la gente de Colombia.

Por Juan P. Poveda M.
Presidente de Médicos Generales Colombianos

 

El Gobierno Nacional declarará el estado de Emergencia Social, con el fin de incorporar los recursos que le hacen falta al sector de la salud en todo el país. La decisión fue anunciada por el Presidente Álvaro Uribe Vélez, al concluir la asamblea de gobernadores que se cumplió en Manizales.

"Para salvar el propósito de la universalización del seguro de salud para nuestros compatriotas, se ha tomado la decisión de declarar una Emergencia Social e incorporar los recursos que se requieren para el salvamento financiero de la salud, a través de las entidades territoriales", aseguró el Jefe de Estado.

Explicó que esta medida obedece al estudio que se hizo de la decisión de la Corte Constitucional, que ordena atender a los usuarios con servicios de salud, así estos no estén incluidos en el Plan Obligatorio.

"Hemos analizado la sentencia de la Honorable Corte Constitucional. Los costos que para los departamentos demanda el pago de aquellos servicios que se llaman extra-POS. Esto es: aquello que, de acuerdo con la Constitución, hay que atenderles a los usuarios, así no esté incluido en el Plan Obligatorio de Salud. Y eso está amenazando con una crisis financiera que puede devolvernos los progresos de la salud", aseguró.

Dijo que los nuevos ingresos para el sector deberán generarse de productos como los licores y el cigarrillo.

"Vamos a consultar todos los factores para que no haya discriminación. Los nuevos ingresos deben provenir de la cerveza y de los diferentes licores y también del cigarrillo, pero nosotros tenemos un reto hoy", indicó.

El presidente, Álvaro Uribe, expuso que para estructurar la Emergencia Social, se conformará una comisión encabezada por los ministros de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga; y de Protección Social, Diego Palacio Betancourt, al igual que por el Director de Planeación Nacional, Esteban Piedrahíta, y los representantes de los gobernadores y alcaldes del país, informa el informe del Gobierno.

Los decretos serán preparados a través de la oficina de la ministra Consejera de la Presidencia, Claudia Jiménez Jaramillo.  "A la crisis hay que enfrentarla con decisión. Y una decisión que nos llena de entusiasmo, que ennoblece la vida de Colombia, que justifica la razón de ser de los gobiernos, es el salvamento financiero de la salud, en un país que ya ha logrado 41 millones de ciudadanos atendidos con seguro de salud", concluyó el mandatario.

 

 

 

UNA COLCHA DE RETAZOS

Tras dos semanas de una dura polémica, generada por el contenido de algunos de los decretos expedidos bajo la Emergencia Social, una cosa puede sacarse en claro: la que hubiera sido la intervención más audaz para salvar al sistema de salud del colapso financiero, está convertida, a estas alturas, en una confusa colcha de retazos por cuenta de una serie de errores motivados por la pretensión de reformarlo estructuralmente, y de tajo, por esta vía.

Nadie desconoce que el sistema de salud estaba a punto de naufragar por cuenta de sus deudas: la cartera de los hospitales sobrepasa los 2 billones de pesos; la de las EPS, el billón de pesos; la de los municipios llega a los 1,5 billones de pesos, y la de los departamentos con los hospitales bordea los 700.000 millones de pesos. Por concepto de tratamientos de alto costo, el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) les debe a los hospitales 150.000 millones de pesos.

Fue sobre cifras como estas que el Gobierno declaró la Emergencia Social el 23 de diciembre pasado.

En ese momento se entendió que su propósito era garantizar nuevos recursos para tapar estos huecos y darle más liquidez al sistema. Sin embargo, el 22 de enero pasado, día en que vencía el estado de excepción, se conoció que para conseguir 1,5 billones de pesos, que se usarían para cubrir las deudas más urgentes y generar 500.000 millones adicionales permanentes, el Gobierno armó una reforma que no dejó títere con cabeza.

Junto a los decretos que buscaban esos recursos nuevos mediante el aumento de impuestos a cervezas, licores, cigarrillos y juegos de azar, aparecieron otros dirigidos a racionalizar el gasto en todos los frentes y por todas las vías.

Muchas medidas contenidas en la reforma son más que buenas, como el control estricto de la elusión y la evasión de aportes, la ampliación de la cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), el duro castigo de los actos de corrupción contra el sistema, la reasignación de recursos que estaban refundidos por cuenta del desorden general, la imposición de precios límite a medicamentos e insumos e incluso la fijación de márgenes de comercialización.

Se trata -y eso pocos lo ponen en duda- de medidas largamente esperadas, que no hubieran podido sacarse adelante por la vía legislativa.

Sin embargo, la audacia tiene límites. Eso lo demuestra la indignación general que despertó en médicos, pacientes y cada afiliado del sistema de salud la intención de ahorrarle costos al sistema convirtiendo a los médicos en agentes de contención del gasto e imponiendo regulaciones veladas al derecho fundamental de la salud.

Aunque el Gobierno ha insistido en que toda la polémica ha sido generada por la mala interpretación que de estas normas hacen personas con intereses de distinto tipo, la forma en que están redactadas no da lugar a otra lectura.

En ellos se dejó sentado que se buscaba limitar la autonomía de los médicos (que serían multados en caso de formular a sus pacientes por fuera de unos estándares obligatorios) y que el nuevo plan de salud de los colombianos priorizaría las atenciones de baja complejidad y condicionaría el acceso a especialistas.

En estos momentos toda persona afectada por una enfermedad de alto costo en el país, que ha leído y releído los decretos, vislumbra el riesgo de que su tratamiento, o parte de él, acabe convertido, por obra y gracia de lo que la norma dice, en una "prestación excepcional en salud".

Como si fuera poco, los mismos decretos plantean que como mínimo tendrán que financiar parte de los gastos que eso genere con su patrimonio, sus cesantías, sus ahorros pensionales e incluso con préstamos bancarios.

No es peregrino que estos pacientes reduzcan el análisis de la norma a una frase: "Estos decretos nos amenazan con la ruina económica y la muerte".

Los voceros de los hospitales públicos, por su parte, aseguran que por cuenta de los decretos un día anochecieron viables y al otro amanecieron quebrados y al borde de la liquidación o la privatización.

Dos semanas después de conocidas estas normas, médicos, pacientes, hospitales, secretarios de salud, la industria farmacéutica, los sindicatos, muchos afiliados y hasta las mismas EPS -que todo el mundo señala como las beneficiarias de la reforma- las rechazan o las critican.

Ante la protesta general solo cabe una pregunta: ¿quién está leyendo mal? El Gobierno o toda la sociedad?

Aunque no hay respuesta, son evidentes los esfuerzos del propio presidente Álvaro Uribe por tratar de arreglar aquellos puntos que han generado más polémica.

El Gobierno no admite que se cometieron errores en los decretos, pero el Jefe de Estado ha prometido que hará los ajustes que sean necesarios mediante la reglamentación concertada con todos los actores. No será fácil. De hecho algunas grietas son tan profundas que taparlas requerirá la intervención del Congreso o de la Corte Constitucional.

Vale decir, por ejemplo, que algunos sectores insisten en invocar la derogatoria de los decretos. Esa sería una muerte de quinta categoría para un proyecto que al afectar a todos los colombianos ameritaba consultas profundas y funcionarios con una claridad absoluta de los alcances de lo que estaban haciendo. Eso le hubiera evitado, por lo menos, tanto desgaste al Gobierno y al país.

Por Carlos Francisco Fernández,
asesor médico de EL TIEMPO.