NO RETROCEDERÉ ANTE LA INFAMIA

Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 12 de junio de 2009

Solo por una conspiración podría terminar acusado de tener o haber tenido algún vínculo con las Farc o con cualquier otra organización al margen de la ley. Pero como en Colombia estamos, me siento ante una conjura montada con irresponsabilidad o, peor aún, con una lógica tenebrosa y corrupta. Esta certeza tiene que ver con que, como es obvio, sé qué he dicho y hecho en cada pasaje de mis cuarenta años de vida política, regido siempre por las concepciones del MOIR, organización que nació con una posición de principios en contra de la lucha armada y el secuestro en Colombia.

Hay que ignorar la historia política de Colombia para no saber que el MOIR –al igual que otros sectores de la izquierda, la verdad sea dicha– no solo no participó ni respaldó moralmente la lucha armada, sino que siempre se le opuso en público, incluso cuando era bien difícil hacerlo. Además de las razones de principios, también explicamos que esa violencia estorbaba el logro de las transformaciones democráticas que el país requería y aún requiere, concepción que afortunadamente hoy pocos controvierten. Cuánto nos costó en esos momentos plantear, desde la izquierda, ese punto de vista, mientras actuaban al menos cuatro grupos guerrilleros con resonancia nacional e internacional, que contaron con cierta benevolencia social derivada de un régimen que ya era inicuo y del romanticismo que inspiró la revolución cubana. Bien complicado resultó derrotar una idea absurda que tuvo bastante fuerza: solo quienes respaldaban o justificaban la lucha armada podían reclamar para sí el honroso título de izquierdistas.

No nos habríamos vinculado al Polo Democrático Alternativo si la oposición a la lucha armada, al secuestro y a todo acto terrorista no fueran pilares del programa que unió a la izquierda democrática colombiana, posición que se ha expresado en decenas de declaraciones. Si hay un hecho de importancia histórica capital que ignorantes y politiqueros le niegan al Polo como un aporte positivo suyo al avance de las concepciones democráticas en el país, es que esta organización sentó veredicto sobre lo inaceptable de prácticas que se presentan como legítimas porque se realizan en nombre de la izquierda. Falta a la verdad, y lo hace con fines protervos, quien diga que esto no está claro en el Polo. De lo dicho se deduce algo que tampoco se puede dejar pasar: la lucha armada y el secuestro tampoco fueron legítimos antes de la Constitución de 1991.

Ante esta historia, confirmada por décadas de actuaciones públicas impecables que el país bien conoce, no dejó de sorprenderme, con ingenuidad que reconozco, que por petición de la Policía el Procurador General de la Nación, doctor Alejandro Ordóñez, decidiera abrirme indagación preliminar por “presuntos vínculos con grupos al margen de la ley”. Aunque este acto jurídico no constituye una acusación, sin duda sí me lesiona políticamente, así luego se confirme, como estoy seguro que sucederá, que no he hecho nada que justifique esta indagación.

Con toda la tranquilidad de mi conciencia responderé a cualquier requerimiento, pero por ello mismo rechazo indignado lo que mi íntima convicción me lleva a calificar como una siniestra conspiración en contra mía por parte del gobierno que preside Álvaro Uribe Vélez, gobierno que ha mostrado hasta dónde es capaz de llegar cuando en la propia Casa de Nariño se reunieron altos funcionarios de ese despacho y del DAS con delegados de reconocidos narcotraficantes para conspirar contra la Corte Suprema de Justicia.

Me están cobrando mi frontal oposición a las políticas del gobierno, más los debates, entre otros, contra los TLC en el país y en el exterior, el tapen tapen presidencial para proteger a los parauribistas, la inmoralidad del ministro de Justicia, los negocios de los hijos del Presidente y el propósito de convertir a Colombia en una tiranía. Además, intentan silenciarme, al igual que amilanar al Polo y a todo aquel que se oponga al uribiato.

Pero que el Presidente Álvaro Uribe sepa que este senador, que se esfuerza por representar con dedicación y honradez la dignidad nacional y la democracia auténtica, no se va a silenciar. Y estoy seguro de que tampoco retrocederán los demás que resisten desde otras concepciones.

Cuán orgulloso me siento de no haber votado por el Procurador General de la Nación.

NO ACALLARÁN MIS DENUNCIAS

Declaración de Jorge Enrique Robledo, Senador Polo Democrático Alternativo, Bogotá, 11 de junio de 2009.

El Procurador General de la Nación, Doctor Alejandro Ordóñez, decidió abrirme indagación preliminar “por presuntos vínculos con grupos al margen de la ley”. ¿La deleznable razón esgrimida? Una petición de la Policía Nacional porque, según esta, mi nombre aparece en el computador de Raúl Reyes, computador que está en manos del gobierno desde hace ¡15 meses!

Con toda la tranquilidad de conciencia responderé a cualquier acusación en mi contra. Pero por eso mismo rechazo, indignado y de la manera más enfática, lo que mi íntima convicción me lleva a calificar como una siniestra conspiración en mi contra por parte del gobierno que preside Álvaro Uribe Vélez, gobierno en el que altos funcionarios de la Presidencia, directivos del DAS y narcotraficantes han sido capaces hasta de confabularse contra la Corte Suprema de Justicia.

Casi tres décadas como profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional de Colombia y cuarenta años de vida pública le permiten a quien quiera confirmarlo que he sido absolutamente leal al pensamiento del MOIR, organización que siempre ha rechazado la lucha armada y el secuestro. Y es sabido que no me habría vinculado al Polo Democrático Alternativo si este no hubiera consignado en su programa esas concepciones. Miente descaradamente quien afirme lo contrario.

Es evidente que me están cobrando mi frontal oposición a las orientaciones económicas, políticas y sociales del régimen uribista, más mis debates sobre su sometimiento a los dictados de la Casa Blanca, las políticas que desemplean y hambrean al pueblo, la entrega de nuestros recursos naturales y las privatizaciones, la destrucción del agro, el tapen tapen presidencial para proteger a los parauribistas, la inmoralidad del ministro del Justicia, los favoritismos e ilegalidades de los negocios de los hijos del Presidente y el propósito de imponer una tiranía.

No constituye una casualidad que esta difamación contra mí, con el obvio propósito de desacreditarme, se lance cuando Álvaro Uribe no logra que en Canadá le aprueben el TLC, país donde circula una versión en inglés de mi debate sobre los negocios de los hijos del Presidente y en cuyo parlamento, ante la comisión de comercio internacional, hace poco expliqué por que no debía aprobarse dicho tratado.

Cuan orgulloso me siento de no haber respaldado la elección del actual Procurador General de la Nación.

En la evidente desesperación que acosa al uribismo, porque cada vez más en Colombia y en el exterior se devela su verdadera catadura, no sorprende que arrecie sus ataques contra el Polo Democrático Alternativo y pretenda silenciar a sus dirigentes y, con ellos, a los demás sectores y personas que resisten.

Que el Presidente Álvaro Uribe Vélez sepa que este senador, que se esfuerza por defender con dedicación y honradez la dignidad nacional y una democracia auténtica, no se callará por temor a sus agresiones. Y tengo el convencimiento de que tampoco se silenciarán quienes desde otras concepciones también se oponen a este régimen oprobioso.

Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio, Recalca

Página Web: www.recalca.org.co

Correo electrónico: recalca@etb.net.co

EL PODER AL SERVICIO DEL ENRIQUECIMIENTO DE LOS HIJOS DEL PRESIDENTE URIBE (Versiones en español e inglés)

Jorge Enrique Robledo Senador de la República de Colombia, Bogotá, junio 5 de 2009

Tomás y Jerónimo, los hijos menores de 30 años del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, se enriquecieron por las decisiones de un alcalde y de altos funcionarios subalternos de su padre. Son evidentes los favoritismos e ilegalidades en su beneficio. Y se enriquecieron en grande, en miles de millones de pesos: desde 2006, un terreno en Mosquera, cerca de Bogotá, en el que poseen el 15%, luego de pequeñas obras de urbanismo, aumentó su precio de 8.600 millones de pesos a 138.000 millones de pesos.

El lote se lo vendió a los hijos del Presidente la trasnacional Bavaria SabMiller y, según las escrituras, medía 34 hectáreas, pero resultó que había un curioso y enorme error: en realidad, medía 53 hectáreas. Así, el precio del metro cuadrado les salió a solo 13.000 pesos, una suma bajísima en la Sabana de Bogotá. Además, la misma trasnacional les vendió otro lote de 100 hectáreas, también en la Sabana, en Tocancipá, por solo 22.000 millones de pesos. En este negocio son socios de algunos amigos de su padre que tienen la merecida fama de estar entre los colombianos más adinerados. Según los jóvenes Uribe, en este caso “no colocamos inversión en dinero para obtener esa participación (12%), sino que la obtuvimos de la promoción del mismo” proyecto.

Si a los hijos del Presidente les ha ido muy bien con Bavaria SabMiller, a la trasnacional le ha ido mejor con el jefe del Estado. El gobierno le otorgó una zona franca especial y un contrato de estabilidad jurídica para su nueva fábrica en Yumbo, cerca de Cali, la cual costó 175 millones de dólares. La zona franca le rebaja, entre otras gabelas, el impuesto de renta del 33 al 15% durante 30 años. Y el contrato de estabilidad jurídica determina que en los próximos 20 años no se le podrán aplicar normas que le desmejoren sus condiciones económicas, lo que la exime, por ejemplo, del nuevo impuesto de guerra que seguramente se aprobará en 2010.

Además de la notoria inconstitucionalidad del decreto 383/07 que autorizó las zonas francas especiales, porque no se apoya en la Ley 1004/05 que le da base a las zonas francas, y de flagrantes violaciones de procedimiento para tramitar la especial de Bavaria SabMiller, esta no cumple con lo que se supone es el primer requisito para otorgarlas: inducir nuevas inversiones. Y lo mismo puede decirse sobre la falta de justificación moral y legal del contrato de estabilidad jurídica. Porque el decreto 383 y el otorgamiento de la estabilidad jurídica son de febrero de 2007 y cuatro años antes, en el Informe Anual de Bavaria de 2003, esta anunció la “Iniciación de actividades para la construcción de la cervecería del Valle que sustituirá a la de Cali –Colombia– y que, con una capacidad instalada que duplicará la de ésta, cubrirá territorios de alto consumo que eran abastecidos por fábricas que cesaron sus operaciones en desarrollo del proceso de racionalización de la plataforma industrial”. Es obvio, entonces, que la trasnacional decidió invertir por las necesidades del negocio y antes de las canonjías que, sin ninguna razón de Estado, le otorgó el gobierno, las mismas que, en solo 2008 y por menor impuesto de renta, suman 11.707 millones de pesos.

El alcalde de Mosquera, Álvaro Rozo, valorizó el lote de los hijos del Presidente al aumentar de 50 a 75% el área que puede edificarse en el primer piso. También lo valorizó cuando adoptó un Plan Parcial que en la práctica pasó el uso del suelo de rural a urbano y permitió parcelarlo para construir industrias. Y el Plan Parcial violó la Ley 388 de 1997 que ordena pagar impuesto de plusvalía a los lotes que se valorizan por las decisiones oficiales.

Poco después, los hijos del presidente Uribe le vendieron baratísima una porción del lote valorizado a Inversiones ALC, empresa que fundó el alcalde de Mosquera y que hoy aparece a nombre de sus hijos y hermanos. Estos lotes se vendieron a solo 19.000 pesos el metro cuadrado. Y dos días después le vendieron a otros compradores dos predios vecinos a los anteriores y que tenían el mismo origen, pero a 53.000 el metro cuadrado. Es obvio que la Fiscalía debe investigar, porque salta a la vista un posible e ilegal favorecimiento recíproco.

Se publicó una fotografía de Tómás Uribe con el ministro de Vías y Transporte en una reunión en la que se trató sobre la doble calzada Madrid – Mosquera, vía que pasa por en medio del famoso lote. Y se conoce otra en la que aparece el mismo Tomás en la proclamación de la candidatura al senado del ahora ex alcalde de Mosquera, Álvaro Rozo, a quien tiene tantas razones para querer.

La otra gran valorización del predio de los hijos del Presidente tiene origen en que el gobierno autorizó desarrollar allí la Zona Franca de Occidente, decisión que aumentó en notables proporciones el precio del suelo, porque las grandes empresas que se establezcan allí, entre otras canonjías, no pagarán impuesto de renta del 33% sino del 15%. La aprobación la hizo, luego de comprobados favoritismos e ilegalidades, el Comité Intersectorial de Zonas Francas, donde deciden los ministros de Comercio y Hacienda y otros altos subalternos del Presidente de la República.

Los ministros han dicho que ellos no sabían de quién era la tierra de la Zona Franca de Occidente y que tampoco estaban obligados a saberlo. Que por ello, por tanto, no se declararon impedidos para tomar la decisión que enriqueció a los hijos de su patrón, el presidente Uribe, como se los ordenaba la ley. Su ignorancia no es creíble, entre otras cosas, porque el 7 de diciembre de 2007 se publicó en El Espectador, el segundo diario de circulación del país, un artículo de un respetado analista el que se denunció que Tomás y Jerónimo Uribe eran socios de ese negocio. Y el artículo 209 de la Constitución, el Decreto 2685 de 1999 y la Resolución 001 de la Comisión Intersectorial de Zonas francas, donde ellos tienen silla, los obligaban a conocer quienes eran los propietarios del lote. O, como se preguntó una articulista amiga del gobierno, ¿si el lote hubiera sido de un conocido narcotraficante, también habrían aprobado la zona franca?

Violando la Constitución y la ley, el jefe de la administración de impuestos de Colombia se negó a suministrar todos los documentos públicos que requiere la investigación senatorial y tampoco ha respondido si los hijos del Presidente pagaron los impuestos correspondientes a las grandes ganancias obtenidas en este negocio hasta el final de 2008. Esto, a pesar de que ellos han reconocido una valorización de parte de la inversión en Mosquera de más de 100 veces y utilidades de 10.000%, reconocimiento hecho en un documento público al parecer elaborado para no pagar los impuestos.

El Presidente Álvaro Uribe, también en contra de legalidad nacional, no contestó el derecho de petición formulado por este senador en el que le pregunté: ¿sabía usted que sus hijos eran socios del lote de la Zona Franca de Occidente? Si sí lo sabía, que es lo que han dicho ellos, ¿por qué no se lo informó a los ministros y a los otros subalternos suyos, de manera que según la ley pudieran declararse impedidos para aprobarlo?

También es causa de escándalo en Colombia que Bavaria y otras grandes empresas le hubieran entregado a Residuos Ecoeficiencia, otra empresa de la que son socios los hijos del presidente Uribe, la recolección y disposición de sus desechos industriales. Porque esos desechos los recolectaban y usufructuaban antes los llamados “recicladores”, uno los grupos sociales más pobres del país. Expresando su dolorosa frustración en el Senado, Ana Isabel Martínez, presidenta de una de las asociaciones desplazadas de este negocio, dijo: “Son como una plaga que está quitándonos la basura a los pobres”.

En la inmoralidad propia de un gobierno que se empeña en cambiar la Constitución por segunda vez para que Álvaro Uribe pueda lograr un tercer gobierno, lo que podría conducir a su reelección perpetua, no sorprende que se haya levantado la impúdica teoría de que los hijos del Presidente pueden hacer cualquier negocio que no sea ilegal, con lo que desconocen los más elementales controles éticos y morales de la sociedad y, además, intentan ocultar las ilegalidades ocurridas.

Quien no caiga en las manipulaciones en las que es tan hábil Álvaro Uribe podrá entender que, entre otros horrores, son negocios como los de los hijos del Presidente lo que se quiere reelegir.

Illicit profits for President Uribe’s sons: the role of Colombia’s government

Jorge Enrique Robledo Colombian Senator, Bogotá, June 5, 2009

Tomás and Jerónimo, the twenty something sons of Colombian president Álvaro Uribe, got rich as a result of the decisions of a mayor and high-ranking officials in their father’s government. It’s a clear case of favoritism and illegalities committed in their favor. And they got very rich, to the tune of billions of pesos [millions of dollars]: from 2006, a piece of land in Mosquera, a town near Bogotá, of which they own 15%, after small improvements, increased in price from 8.6 billion pesos to 138 billion pesos [from around 4 million dollars to approximately 60 million dollars].

The transnational Bavaria SabMiller sold the piece of land to the president’s sons and, according to the deeds, it measured 34 hectares [ 84 acres], but it turned out that there was a big and rather unusual mistake: the parcel actually measured 53 hectares [ 131 acres] Therefore, the price per square meter only cost them 13,000 pesos, a very low rate in the Sabana of Bogota area. In addition, the same transnational sold them another 100-hectare [247 acre] parcel, also in the Sabana, in Tocancipá, for only 22 billion pesos [about 11 million dollars]. In this deal they are working with some friends of their father, who are among the richest Colombians. According to the young Uribe brothers, in this case "we didn’t invest money to buy into the deal (12%), rather we obtained a stake in it through our promotion of the project itself.”

If the president’s sons have done very well with Bavaria SabMiller, the transnational has done even better with the head of state. The government granted the company a special duty-free zone and a legal stability contract for its new factory in Yumbo, near Cali, which cost 175 million dollars. Among other benefits, the duty-free zone reduces the tax on profits from 33 to 15% for 30 years. And the legal stability contract guarantees that for the next 20 years the company will not be subject to measures that may negatively affect their bottom line, which exempts them, for example, from paying the new war tax that will almost certainly be passed in 2010.

In addition to the flagrant unconstitutionality of decree 383/07 that authorized the special duty-free zones —unconstitutional because it goes against Law 1004/05 regarding the formation of duty-free zones— and in addition to the brazen violations of procedure that allowed the paperwork for the Bavaria SabMiller’s special zone to go through, what is supposedly the primary requirement for granting such a concession in the first place is not met: stimulating new investment. The same can be said with respect to the lack of moral and legal justification for the legal stability contract. Because decree 383 and the granting of legal stability both date to February 2007 and four years earlier, in Bavaria’s 2003 Annual Report, the company announced the "beginning of construction of the Valle brewery which will replace the one in Cali, Colombia, and which, with a built in capacity that will double the Cali plant, will cover territories of high consumption that had been supplied by factories that ended their operations as they followed a restructuring process to maximize industrial proficiency". It’s clear, therefore, that the transnational based their investment decisions on the needs of the company and did so before the special government dispensations were granted, without any reason of State. Just for 2008 these dispensations and a lower tax on profits added up to more than 11.7 billion pesos [over 5.5 million dollars].

The mayor of Mosquera, Alvaro Rozo, increased the value of the land owned by President Uribe’s sons when he changed the limit for building on the second level from 50 to 75%. He also increased its value when he adopted a Parceling Plan that in effect converted the land use permit from rural to urban and allowed it to be divided up for industrial purposes. The Parceling Plan violated Law 388 from 1997 as well, which stipulates the payment of value added tax for pieces of land that increase in value because of decisions made by government officials.

Shortly thereafter, president Uribe’s sons sold a portion of the increased-value land at a very low price to Inversiones ALC, a company that was founded by the mayor of Mosquera and that is now under the names of the mayor’s sons and brothers. These parcels were sold for only 19,000 pesos [less than 10 dollars] per square meter. Two days later they sold two adjacent pieces of property (of similar origins) to different buyers, but at 53,000 per square meter. Clearly the attorney general’s office should investigate this case, because it’s obvious that both sides may have entered into mutually beneficial illegal transactions.

With regard to the same piece of land, there’s a published picture of Tomás Uribe with the minister of Roads and Transportation at a meeting in which construction of the highway from Madrid to Mosquera, which passes through the property in question, was the subject of discussion. There’s another photo showing Tomás himself at the official launching of mayor Alvaro Rozo’s campaign for a Senate seat. As we’ve seen, there are many reasons why Tomás would want to support Rozo, now the ex-mayor of Mosquera.

The other big increase in value of the sons’ property stems from the government’s authorization to develop the Western Duty-Free Zone (Zona Franca de Occidente) on the land, a decision that increased its value many times over because the big companies that will establish themselves there, among other dispensations, instead of paying a 33% tax on profits, will only pay 15%. Authorization was granted, as a result of undue preferences and illegalities, by the Inter-sectorial Committee of Duty-Free Zones (Comité Intersectorial de Zonas Francas), in which the decisions are made by the Commerce and Treasury ministers as well as other high officials in Uribe’s government.

The ministers have stated that they didn’t know who owned the land in the Western Duty-Free Zone and that they weren’t required to know it either. Therefore, they say, they didn’t remove themselves from the decision making process that benefitted the sons of their boss, president Uribe, as the law required them to. It’s unlikely that they were unaware, among other reasons, because on December 7, 2007 the newspaper El Espectador, which ranks second in circulation in Colombia, published an article written by a respected analyst who exposed the fact that Tomás and Jerónimo Uribe were in on this deal. And article 209 of the Constitution, Decree 2685 from 1999 and Resolution 001 of the Inter-sectorial Commission on Duty-Free Zones, where the ministers have jurisdiction, requires them to know who the owners of the property were. Or, as a writer friendly to the government put it, if the property had been owned by a well know drug-trafficker, would they have also approved the duty-free zone?

In violation of the Constitution and the law, the head of the Colombian revenue service refused to provide all of the public documents required by the Senate investigation. He has also not responded to the question of whether the sons of the president paid the corresponding taxes on the huge profits obtained in this deal through the end of 2008. This, despite the fact that they have acknowledged an increase in value of the investment in Mosquera of more than 100 times and profits of 10,000%. The acknowledgement was made in a public document that appears to have been written up to avoid paying taxes.

President Alvaro Uribe, also in violation of the law, did not answer a request formulated by this senator in which I asked him: did you know that your sons participated in the business deal concerning the Western Duty-Free Zone? If you did know, which is what they have stated, why didn’t you inform the ministers and other subordinate officials of yours, so that they could declare a conflict of interest as is stipulated by the law and not approve the deal?

It’s also outrageous that Bavaria Sab/Miller and other large companies granted Residuos Ecoeficiencia, another company in which president Uribe’s sons hold an interest, the concession to dispose of industrial waste. The removal and disposal of this waste was providing a livelihood to the so-called "recyclers", one of the poorest social groups in the country. Expressing their painful frustration in the Senate, Ana Isabel Martínez, president of one of the displaced associations working in disposal, said: "They’re like a plague that’s taking this trash [business] away from the poor".

In the inherent immorality of a government that’s determined to change the Constitution for the second time to allow Alvaro Uribe to run for a third term, something that could lead to his perpetual reelection, it’s not surprising that they brandish the shameless notion that the president’s sons can engage in business dealings that are normally illegal, revealing a total lack of understanding of the most basic ethical or moral standards of society and, on top of this, they try to hide the illegalities that have occurred.

Those who are not fooled by the machinations of a very skilled Alvaro Uribe will understand that, among other terrible things, it will be business dealings like those of the president’s sons that will be ‘reelected.’